Este ajuste representa un incremento de R$ 106 respecto al monto anterior y supera la inflación acumulada durante el último año, consolidando una ganancia real para los trabajadores.
La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el mandatario brasileño, que se basó en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con una variación del 4,84% en los últimos 12 meses hasta noviembre, y un adicional del 2,5%, reflejo del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, subrayó que el nuevo ajuste ratifica el compromiso del Gobierno de Lula con la redistribución del ingreso y la mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores brasileños. “El presidente Lula ha reafirmado que, bajo su administración, el salario mínimo se reajustará anualmente por encima de la inflación, consolidando una ganancia real para los trabajadores”, destacó Marinho.
El ministro también recordó la importancia de la política de reajuste aprobada en 2023 y expresó confianza en que el país continúe en su senda de crecimiento económico.
Este ajuste en Brasil tiene un impacto significativo no solo para los 59 millones de brasileños cuyos ingresos están vinculados al salario mínimo —incluidos 19 millones de jubilados y pensionistas—, sino también en el contexto regional.
Uruguay, como socio comercial clave de Brasil en el Mercosur, observa de cerca estas medidas. Un aumento del salario mínimo en el país vecino podría fomentar un mayor consumo interno y abrir oportunidades para exportadores uruguayos, especialmente en sectores como alimentos, manufacturas y bienes de consumo.
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