¿Podría Bukele aplicar la misma estrategia de El Salvador en Haití?

Por el Lic. Máximo Martínez de la Cruz.

 Santo Domingo, RD.

A raíz del ataque contra cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Aérea de El Salvador —miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas—, el vehículo blindado en el que viajaban fue emboscado con disparos y artefactos explosivos, lo que provocó su incendio. Aunque inicialmente lograron salir del vehículo sin heridas, se perdió todo contacto con ellos y posteriormente se confirmó que fueron retenidos por bandas armadas. Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2026.

 

Desde las primeras horas tras conocer el suceso, El Salvador ordenó el despliegue de más de 200 efectivos militares con el objetivo de rescatarlos.

 

El presidente Nayib Bukele se dirigió a los jefes de las bandas en los siguientes términos: «Quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claro: lo ocurrido hoy no es nada comparado con lo que vendrá si no liberan a los cuatro rehenes con vida. No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y podemos hacer lo mismo con las de ustedes. Todavía están a tiempo de evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas con vida y sin ningún daño, y todo volverá a ser como era antes del secuestro».

 

¿Podría Bukele aplicar en Haití la misma estrategia que en El Salvador? Para evaluar esta posibilidad, es necesario establecer primero una comparación entre ambas situaciones.

 

En El Salvador, el presidente Bukele aplicó desde el inicio de su mandato, en marzo de 2022, un régimen de excepción mediante el cual se suspendieron garantías y derechos constitucionales. Esta medida permitió detenciones sin orden judicial y el despliegue masivo de las fuerzas armadas. Aprobada inicialmente por 30 días, que venido prorrogándose en repetidas ocasiones y aún sigue vigente.

 

Sin embargo, un elemento fundamental es el Estado que ejecuta la estrategia. Bukele basado en la fortaleza del Estado pudo aplicar su plan en El Salvador porque contaba con instituciones operativas: policía, ejército, tribunales, centros penitenciarios y un gobierno con autoridad central.

 

En Haití, estas estructuras prácticamente no existen.

 

Lo que existe en El Salvador y falta en Haití: Gobierno legítimo con control del territorio: Haití lleva años sin celebrar elecciones presidenciales, y las bandas controlan amplias zonas de Puerto Príncipe.

 

Las Fuerzas de seguridad: La policía haitiana cuenta con escaso personal, equipo insuficiente y salarios bajos; muchos agentes han desertado y algunos se han unido a las bandas.

La autoridad corresponde exclusivamente al Estado haitiano. Ningún gobierno extranjero —ni Bukele ni nadie— puede imponer en Haití un régimen de excepción idéntico al de El Salvador, ya que esta decisión es competencia exclusiva de las autoridades haitianas.

 

Las pandillas de El Salvador ejercían extorsión y cometían delitos, pero no gobernaban territorios enteros como ocurre en Haití. Allí, los grupos armados funcionan como poderes paralelos: dividen el país por zonas de influencia, recaudan impuestos, controlan fronteras y rutas, disponen de armamento de carácter militar y mantienen profundos vínculos políticos. Las bandas haitianas han sustituido al Estado en amplias áreas, y no existe ninguna institución capaz de recuperar el territorio una vez perdido.

 

El Presidente Nayib Bukele no puede trasladar directamente su modelo a Haití. Para que una estrategia similar tuviera efecto, necesitaría contar con un Estado fuerte que la sustente. Cuando Bukele llegó al poder en El Salvador, las instituciones ya existían y funcionaban; en Haití no es así.

Sería necesario reconstruir primero todo el aparato institucional del país, y ninguna fuerza externa puede lograrlo por sí sola. El temor que infunden las bandas haitianas no tiene comparación con la situación que existía en El Salvador antes de estas medidas. El problema haitiano tiene una magnitud y una profundidad institucional muy superiores; lo que funcionó en El Salvador no puede aplicarse directamente sin una reconstrucción previa del propio Estado.