El proceso judicial había sido aplazado debido a la ausencia de uno de los acusados, quien presentó una certificación médica. El expediente contempla presuntas irregularidades en el contrato de modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo.
Este martes 10 de noviembre está previsto que se reanude la
audiencia del denominado Caso Camaleón, proceso judicial que involucra al
exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT),
Hugo Beras, y a otros imputados por presuntas irregularidades en el millonario
contrato de modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
La audiencia había sido aplazada luego de que uno de los
encartados presentara una certificación médica para justificar su ausencia,
situación que llevó al tribunal a reprogramar el conocimiento del proceso con
el propósito de garantizar el derecho de defensa de todas las partes
involucradas.
El expediente presentado por el Ministerio Público contempla
acusaciones de corrupción administrativa, falsificación de documentos, lavado
de activos y sabotaje a infraestructura crítica del Estado, relacionadas con
supuestas irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato para
modernizar el sistema de semaforización.
Ministerio Público señala presuntas irregularidades en
contrato de semáforos
De acuerdo con las acusaciones, el proceso de contratación
para la modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo habría
estado marcado por actuaciones irregulares que comprometerían recursos públicos
y el funcionamiento de una infraestructura esencial para la movilidad urbana.
Las investigaciones también abarcan posibles maniobras
administrativas y financieras vinculadas a la adjudicación y ejecución del
proyecto.
El Caso Camaleón ha generado atención pública debido a la
participación de antiguos funcionarios y particulares señalados por el órgano
acusador, así como por las implicaciones del contrato en la gestión del
tránsito.
Expectativa por continuación del proceso judicial
Con la reanudación de la audiencia, se espera que el
tribunal continúe con el conocimiento de las actuaciones procesales
correspondientes, luego del aplazamiento motivado por razones médicas de uno de
los imputados.
El Ministerio Público mantiene las acusaciones formuladas en
el expediente, mientras que los encartados conservan su derecho a presentar
argumentos y pruebas en su defensa.
El proceso continúa bajo conocimiento de los tribunales, sin
que las imputaciones constituyan por sí mismas una declaración de culpabilidad.
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