Un juez autoriza el polémico registro de indocumentados de Donald Trump

Nuevo y peligroso triunfo judicial para Donald Trump. Desde este viernes, los indocumentados en Estados Unidos tendrán que apuntarse en el registro ideado por la Administración republicana. Un juez federal ha dado luz verde a la controversial medida propuesta por el Gobierno en febrero, una peligrosa iniciativa que fue llevada rápidamente a los tribunales por nueve organizaciones de derechos humanos. Washington presentó el polémico registro con la intención de elevar la presión sobre decenas de miles de personas de estatus irregular en el país, a quienes prácticamente reducen sus opciones: autodeportarse o enfrentar onerosas multas si deciden continuar en suelo estadounidense.

 

Ha sido el juez Trevor Neil McFadden, del tribunal de Distrito de Washington D. C., quien ha avalado la medida. El togado llegó al banquillo en 2017 nominado por el presidente Trump, y es el mismo juzgador que ordenó el miércoles a la Casa Blanca permitir la entrada a los periodistas de Associated Press vetados por evitar llamar Golfo de América al Golfo de México en sus informaciones.

 

McFadden dio la razón a los abogados del Gobierno, quienes habían argumentado que el registro forma parte de uno de los requisitos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La Administración se escudó en que la medida se encuentra en la sección 262 del Título 8 del Código de Estados Unidos. Se trata de una vieja normativa adoptada en la década de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y modificada en 1952. Desde entonces ha permanecido prácticamente durmiente.

 

Algunos expertos afirman que el registro ha sido empleado solo en un puñado de ocasiones. Una de estas, y de forma limitada, fue después de los ataques del 11-S, cuando se requirió la información a todo varón mayor de 16 años, originario de 25 países árabes o musulmanes. La utilización del registro derivó en la deportación de unas 13.000 personas. Ese registro se anuló en 2016. Trump revivió el proceso a través de una de las órdenes ejecutivas que firmó el día en que asumió su segunda presidencia.

 

La ley mencionada, que entra en vigor este 11 de abril, requiere a todo no ciudadano que lleve en el país 30 días o todo indocumentado mayor de 14 años sumarse al registro. El ingreso a la base de datos significa que las personas tendrán que hacer una cita para que las autoridades capturen sus huellas dactilares, un trámite que podrán evitar quienes han tramitado visas de Estados Unidos, hayan tramitado la green card (residencia permanente), tengan el beneficio del parole o sean refugiados o asilados. El proceso es igualmente válido para los canadienses que pasan en territorio estadounidense más del mes que se ha decretado como plazo.

 

“Una vez que los no ciudadanos se registren y les sean tomadas las huellas, la Secretaría de Seguridad Nacional emitirá una prueba del registro que todo mayor de 18 años deberá llevar consigo todo el tiempo”, indican las autoridades. El Gobierno amenaza que evitar el registro puede llevar a castigos que van desde una multa de 5.000 dólares o incluso una pena de prisión de seis meses.

 

Las organizaciones de derechos humanos habían lanzado la alerta cuando Trump desempolvó el registro de extranjeros. El Centro Legal de Inmigración señaló que este tipo de medidas son preocupantes, pues las autoridades federales han usado en el pasado estos procesos para perseguir a grupos vulnerables. “Apuntarse a estos registros puede ser muy peligroso para los inmigrantes indocumentados, pues puede llevar a su detención, deportación o arresto”, indica la organización, una de las más importantes del país desde 1979.

 

Las organizaciones American Immigration Council, Make the Road New York y Coalition for Humane Immigrants Rights (CHIRLA) son solo algunas de las que llevaron al Gobierno a los tribunales en una demanda interpuesta a principios de este mes. El grupo argumenta que Washington quiere usar la no inscripción de los indocumentados para perseguirlos como parte de su agresivo operativo masivo de deportaciones. La secretaria Kristi Noem ha admitido que uno de los objetivos de la iniciativa es incentivar la autodeportación de miles de personas.