En un fallo emitido el 30 de mayo de 2025, el juez Edward
Chen determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había
excedido su autoridad al intentar anular los permisos de trabajo y otros
documentos legales de aproximadamente 5.000 venezolanos. Estos documentos,
otorgados bajo el estatus de protección temporal (TPS), permiten a los
beneficiarios trabajar y residir legalmente en Estados Unidos. La decisión de
Chen se produce después de que el Tribunal Supremo autorizara a la administración
de Trump a retirar el TPS a unos 350.000 migrantes venezolanos, aunque dejó
abierta la posibilidad de impugnar la invalidación de documentos específicos.
El TPS es un programa diseñado para proteger a personas de
países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otros eventos
extraordinarios. En los últimos días del mandato del presidente Joe Biden, el
Departamento de Seguridad Nacional extendió este programa hasta octubre de
2026. Sin embargo, la administración de Trump, con su enfoque de endurecer las
políticas migratorias, intentó revertir esta extensión. La intervención del
juez Chen asegura que, al menos por ahora, los 5.000 venezolanos afectados
puedan mantener su estatus legal y evitar la deportación.
La organización National TPS Alliance y abogados de los
migrantes venezolanos argumentaron que la invalidación de estos documentos
podría llevar a la pérdida de empleos y a la deportación de muchos individuos.
En su fallo, Chen destacó que, aunque el gobierno estimaba que solo 5.000 de
los 350.000 venezolanos poseían estos documentos, su validez es crucial para la
estabilidad de estas personas en Estados Unidos. La decisión del juez representa
un desafío significativo para la administración de Trump, que ha prometido una
política migratoria más estricta, incluyendo la expulsión de millones de
inmigrantes.
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