Santo Domingo. — A pesar de que la República Dominicana registró avances institucionales y decisiones judiciales favorables a la igualdad, el año 2025 estuvo marcado por retrocesos significativos en materia de derechos humanos, especialmente en grupos vulnerables. Así lo afirmó el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables en su informe anual, advirtiendo que el país “avanza, pero no en la misma proporción en que retrocede”.
Avances registrados
El informe destaca que el país mejoró diez posiciones en el Índice de Estado de Derecho 2025, alcanzando el puesto 76, lo que refleja un fortalecimiento en transparencia, independencia judicial y garantías procesales.
También subraya la decisión histórica de la Corte Constitucional que eliminó reglas discriminatorias en cuerpos de seguridad contra personas del mismo sexo, un precedente que refuerza la igualdad y limita prácticas institucionales excluyentes.
Asimismo, se ampliaron programas de capacitación en derechos humanos para docentes, policías y funcionarios públicos, junto con iniciativas orientadas a la inclusión y a la mejora de servicios para personas con discapacidad. Estas medidas, según el Observatorio, representan pasos concretos hacia una cultura de mayor respeto a la dignidad humana.
Sistema penitenciario: Se están realizando traslados de los privados de libertad desde la cárcel La Victoria hacia el nuevo centro penitenciario Las Parras, un espacio con mejores condiciones y programas orientados a la reinserción social. Con estas acciones se están dando pasos importantes para reducir el hacinamiento que por años ha afectado las cárceles del país, representando un avance significativo en el respeto a la dignidad humana y en la garantía de derechos para las personas privadas de libertad.
Por igual, se reconoce que la lucha contra la corrupción y la impunidad constituye un logro fundamental en la defensa de los derechos humanos, ya que garantiza el uso transparente de los recursos públicos y el acceso equitativo a servicios esenciales. Cuando no se combate este flagelo, los grupos más vulnerables son los más afectados, sufriendo exclusión y falta de oportunidades. La República Dominicana ha demostrado en estos últimos años avances significativos en esta lucha, fortaleciendo la institucionalidad y promoviendo la rendición de cuentas.
Retrocesos persistentes
A pesar de los avances, la organización identificó graves desafíos que siguen afectando a grupos vulnerables:
Violencia contra las mujeres: Los feminicidios y agresiones mantienen cifras alarmantes, sin una respuesta integral ni preventiva acorde con la magnitud del problema.
Migración y derecho a la salud: Miles de extranjeros en condición irregular continúan evitando acudir a consultas médicas por temor a detenciones o deportaciones, lo que constituye una vulneración directa al derecho a la salud.
Discriminación hacia la población LGBTIQ+: Pese a decisiones judiciales favorables, siguen reportándose exclusiones laborales, educativas y sociales.
Violaciones a la Ley 135-11: Se documentaron despidos injustificados, negación de servicios sanitarios y tratos discriminatorios hacia personas que viven con VIH.
Déficit de políticas públicas: Falta de programas efectivos para adultos mayores; insuficiente atención para personas dentro del espectro autista; precariedad en accesibilidad urbana, especialmente para personas ciegas, debido a aceras inseguras y falta de infraestructura inclusiva.
Salud mental: Persiste una falta de apoyo para tratar la salud mental, con presupuestos insuficientes, baja cobertura gratuita de profesionales, limitaciones en seguros médicos y escaso acceso a medicamentos especializados. Esta situación afecta gravemente a personas en situación de vulnerabilidad y requiere políticas urgentes.
“Son casos que desgarran”, afirma el Observatorio
El director del organismo, Manuel Meccariello, advirtió que las situaciones de vulneración que llegan cada semana “son un reflejo de un país que aún tiene mucho por corregir”.
“Es desgarrador ver a un bebé en un hospital separado de su madre porque fue deportada por su condición migratoria irregular; ver muertes en el Centro Vacacional de Haina; o recibir a tantas personas despedidas de sus empleos, perdiendo su sustento económico, simplemente por vivir con VIH”, afirmó.
“Son cientos de situaciones que nos llenan de consternación. Como país, debemos recordar que somos signatarios de acuerdos internacionales de derechos humanos y estamos obligados a cumplirlos”, añadió.
Reconocimiento al Estado y llamado a la sociedad
Meccariello reconoció el interés del presidente de la República por fortalecer el respeto a la dignidad y los derechos de las personas, pero insistió en que el desafío no es solo estatal.
“Así como deseamos ser tratados con respeto, debemos respetar la dignidad de cada ser humano, sin importar color, raza, religión, estatus, orientación, identidad, condición social o de salud. Todos somos iguales ante la ley, y así lo establece claramente el artículo 39 de la Constitución dominicana”, afirmó.
Políticas urgentes y sostenidas
El Observatorio concluyó que, para garantizar un país más justo e inclusivo, es necesario reforzar políticas públicas que prioricen la protección de sectores vulnerables, aseguren igualdad real y garanticen el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos.
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