Por Francisco Luciano
Cuando el 25 de mayo de 2024, la Junta Central Electoral proclamó al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona y a la vicepresidenta Raquel Peña RodrÃguez como presidente y vicepresidenta electos para el perÃodo 2024-2028, la Fuerza del Pueblo reconoció de inmediato, con absoluta transparencia y respeto institucional, el veredicto emitido por el pueblo dominicano en las urnas el 19 de mayo. Honramos la voluntad popular y asumimos con madurez democrática el rol de oposición constructiva que nos corresponde.
Sin embargo, no podemos pasar por alto una comunicación reciente de la Junta Central Electoral que, aunque reconoce formalmente el derecho a la protesta, sugiere a los partidos de oposición abstenerse de utilizar sus sÃmbolos partidarios en manifestaciones públicas para “evitar confusiones” con actos de proselitismo electoral. Con el mayor respeto institucional que siempre hemos profesado hacia la JCE, expresamos nuestro rechazo categórico a esta pretensión por razones de principio, jurÃdicas y democráticas que merecen ser expuestas con claridad.
El derecho a la protesta pacÃfica no tiene fecha de caducidad
La Constitución de la República, en sus artÃculos 39 y 48, consagra el derecho a la reunión y manifestación pacÃfica como derechos fundamentales de carácter permanente. Este mismo reconocimiento se encuentra en los tratados internacionales que la República Dominicana ha suscrito y ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ningún artÃculo, ninguna ley ni ninguna resolución administrativa puede limitar su ejercicio una vez cerrada una campaña electoral. El derecho a protestar no se archiva junto con las boletas.
Los partidos polÃticos no somos franquicias electorales temporales
El artÃculo 216 de la Constitución define a los partidos como organizaciones permanentes de la sociedad civil con personalidad jurÃdica propia. No nacemos el dÃa que se abre un proceso electoral ni desaparecemos cuando se cierran los colegios. Existimos para canalizar, en todo momento, la participación polÃtica de los ciudadanos. Exigirnos que manifestemos nuestras preocupaciones sin colores, sin banderas ni emblemas es equivalente a pedirnos que actuemos en la clandestinidad. Esa no es la práctica de las democracias consolidadas; esa es la práctica de regÃmenes que temen a la oposición visible y organizada.
El Tribunal Constitucional ya se pronunció
En su sentencia TC/0168/15, el más alto intérprete de nuestra Carta Magna dejó sentado que los partidos polÃticos tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano o colectivo a reunirse y manifestarse públicamente, sin restricciones adicionales fuera de los perÃodos estrictamente regulados por la ley electoral. No existe base jurÃdica alguna para imponernos un veto simbólico que no se aplica a ningún otro sector de la sociedad.
Protestar con la bandera no es hacer proselitismo
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos PolÃticos define con precisión qué constituye proselitismo electoral. Portar una bandera verde o una camiseta con el logotipo de la Fuerza del Pueblo en una marcha contra la carestÃa de la vida, la inseguridad ciudadana o la corrupción no viola esa definición. Confundir identidad partidaria con campaña electoral anticipada es un sofisma que solo sirve para justificar la censura. Y la censura, venga de donde venga, es inaceptable en democracia.
Una oposición visible es una oposición responsable
No se trata de un capricho. Cuando el pueblo sufre las consecuencias de polÃticas que considera injustas, tiene derecho a saber quién está a su lado. Ocultar nuestra identidad serÃa traicionar la confianza de cientos de miles de dominicanos que nos dieron su voto y que esperan de nosotros una voz firme, clara y reconocible. Deslegitimar la protesta organizada de la oposición forma parte de una narrativa más amplia que busca criminalizar la crÃtica y debilitar el sistema de contrapesos que hace fuerte a cualquier democracia.
Nuestra posición es clara y sin ambages
La Fuerza del Pueblo respeta profundamente el veredicto del 19 de mayo. Pero respetar el resultado electoral no significa renunciar al derecho, constitucional, permanente e irrenunciable, de protestar de forma cÃvica, pacÃfica y ordenada contra todo aquello que afecte la calidad de vida del pueblo dominicano.
No pediremos permiso para ejercer derechos que la Constitución nos otorga sin condiciones. No esconderemos nuestra bandera verde, porque la esperanza no se esconde. No silenciaremos nuestra voz, porque la democracia se fortalece cuando la oposición puede hablar alto y claro, con el rostro descubierto y los colores al viento.
Seguiremos en las calles cuando sea necesario, siempre de manera pacÃfica, siempre con la frente en alto y siempre con nuestra bandera bien visible. Porque esa bandera no pertenece solo a un partido: pertenece a todos los dominicanos que creen que otra República Dominicana es posible.
Por la democracia plena. Por el derecho inalienable a la protesta. Por la Fuerza del Pueblo y por el pueblo dominicano.
El autor es docente universitario y dirigente polÃtico
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