Concejo de Regidores de SDO niega estar obstaculizando servicios municipales

Santo Domingo Oeste.– La mañana de este jueves, en rueda de prensa celebrada en la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, el Concejo de Regidores, encabezado por su presidente Joan Herrera, ofreció declaraciones públicas para aclarar que ese órgano legislativo municipal no está obstaculizando la prestación de los servicios municipales, como han denunciado algunos miembros de la administración de la Alcaldía. 

El presidente del Concejo expresó que se ven en la necesidad de aclarar ante la opinión pública, y de manera especial ante los ciudadanos del municipio, que tales acusaciones carecen de fundamento.

En ese sentido, informó que en fecha 31 de diciembre de 2025, el Concejo de Regidores aprobó el Presupuesto Municipal correspondiente al año 2026, presentado por la Alcaldía, por un monto total de RD$1,549,550,000.

De ese monto, están consignados RD$464,865,000, equivalentes al 30% del presupuesto aprobado, destinados al pago de nómina.

Asimismo, explicó que en fecha 2 de febrero de 2026, el alcalde del municipio presentó ante el Concejo una propuesta de modificación presupuestaria mediante la cual solicita la transferencia de RD$10,000,000 desde la cuenta de inversión hacia la cuenta de personal, con la finalidad de cubrir pagos de salarios.

El Concejo de Regidores sostuvo que dicha solicitud constituye una violación al artículo 21 de la Ley 176-07, modificado por la Ley 75-25, el cual prohíbe la reducción de partidas destinadas a inversión.

Ante esta situación, el Concejo informó que ha solicitado formalmente la intervención de la Contraloría General de la República, a fin de que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, emita las recomendaciones correspondientes respecto a la propuesta presentada por el alcalde.

Finalmente, el presidente del Concejo manifestó que la postura asumida por ese órgano tiene como único propósito garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, así como salvaguardar la responsabilidad civil y penal de sus miembros frente a cualquier actuación administrativa que pueda contravenir la Constitución y las leyes vigentes.