Crónica de una gestión que aún genera preguntas.
Por : Pedro Rubirosa
Hay decisiones
administrativas que mueren con el funcionario que las firma.
Y hay otras que regresan años después, convertidas en
litigios, denuncias y reclamos ciudadanos.
El nombre de Tomás Hernández Alberto, exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD) entre 2000 y 2004, pertenece a esa segunda categoría.
Han
pasado más de veinte años desde su salida del cargo. Sin embargo, su gestión
continúa reapareciendo en conflictos vinculados a la titulación de tierras. No
en sentencias condenatorias conocidas públicamente. No en inhabilitaciones
oficiales. Pero sí en controversias persistentes que, periódicamente, vuelven a
ocupar titulares.
2004: El cierre
bajo revisión
Cuando
terminó su administración, la nueva dirección del IAD anunció la creación de
una comisión especial para revisar títulos provisionales emitidos en el período
anterior. No se trató de un simple trámite administrativo de rutina: fue una
medida formal de revisión.
En septiembre de 2004, el entonces director Salvador Jiménez declaró que
miles de tareas habrían sido distribuidas ilegalmente los días 13, 14 y 15 de
agosto, apenas horas antes del traspaso de mando. La denuncia quedó registrada
en la prensa nacional.
La pregunta quedó flotando en el aire:
¿Se
trató de un proceso irregular o de decisiones administrativas aceleradas por el
cierre de gestión?
La comisión revisora nunca produjo un escándalo judicial de
alto perfil, pero el antecedente quedó marcado.
2007: Pedro Brand y los títulos en disputa
Tres
años después, en el sector Eduardo Brito, en Pedro Brand, surgió un conflicto
sobre la validez de títulos provisionales emitidos durante la gestión
2000–2004.
El caso no fue
aislado. Nuevamente aparecían los mismos elementos: tierras, documentos
provisionales, y reclamaciones cruzadas.
Aunque
no se tradujo en condenas públicas contra el exdirector, el episodio reforzó
una narrativa persistente: las decisiones adoptadas en aquellos años
continuaban generando efectos legales.
2025: Haina y la doble titulación
Más
de dos décadas después de su salida del IAD, en La Pared de Haina residentes
denunciaron una presunta doble titulación de terrenos. Según la cobertura
mediática, uno de los títulos en disputa habría sido emitido durante el período
en que Hernández Alberto dirigía la institución.
La denuncia fue pública.
La
indignación también.
El
patrón parecía repetirse: conflictos de tierra vinculados a decisiones
administrativas del pasado.
Judicialización
y controversia constante
En
boletines judiciales ha figurado su nombre en procesos donde el IAD ha sido
parte. Esto no implica, por sí mismo, responsabilidad penal individual; sí
evidencia que decisiones administrativas adoptadas en ese período han terminado
ante tribunales.
Durante años, Tomás
Hernández Alberto ha sido descrito como una figura controversial, asociada
recurrentemente a procesos y revisiones vinculadas a su rol institucional.
No
hay, hasta la fecha, una sentencia firme que lo condene por actos de corrupción
derivados de su gestión en el IAD. Pero tampoco ha desaparecido del mapa de las
controversias agrarias.
Las preguntas que persisten
En la administración pública, el tiempo suele diluir responsabilidades.
Sin embargo, cuando los conflictos reaparecen una y otra vez, el pasado deja de
ser pasado.
¿Fueron simples errores administrativos en un proceso complejo de titulación?
¿Fallas estructurales del sistema agrario?
¿O
decisiones que aún no han sido plenamente esclarecidas?
Dos décadas después, el nombre sigue emergiendo cada vez que un título
provisional se convierte en disputa.
Y en los pasillos
políticos y jurídicos, la pregunta —más susurrada que formulada— continúa
flotando:
¿Se trata de una cadena de coincidencias… o de una red de protección invisible?
La
historia, por ahora, no ofrece respuestas definitivas. Solo documentos,
denuncias y una sombra que se niega a disiparse.
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