Por el Lic. Máximo
Martínez de la Cruz.
Es imperdonable que una
parte importante de la población, en medio del cao provocado por el siniestro
de la tienda L&R, aproveche tal desdicha para actuar al margen de la ley, como
lo hicieron, bajo la falsa premisa de que "si otros lo hacen, yo
también". Con esta reprochable acción ocasionaron un daño colectivo, no
solo en perjuicio causados a los propietarios del establecimiento comercial,
sino también, que esta injustificada acción, provoca una crisis económica del
sector, con el consiguiente de pérdidas de fuentes de empleos, rompiendo por
demás la confianza de convivencia ciudadana del entorno.
En abril de 1984, ocurrió
una revuelta popular violenta donde las masas ensordecidas atendiendo al
llamado a huelga nacional, convocada al transcurrir el asueto de semana santa, la
población se lanzó a las calles, en protestas por las medidas económicas
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el gobierno del
presidente Dr. Salvador Jorge Blanco, había dispuesto, trayendo como
consecuencias la proliferación de alzas en los productos de primera necesidad.
En medio de aquel
levantamiento popular, una parte de la población se dedicó al saqueo masivo de
comercios y destrucción de bienes privados, lo que obligo al gobierno responder
enviando al ejército nacional a dar apoyo a la P. N., que no pudieron contener
las masas enardecidas.
Un símil de lo ocurrido en
aquellos acontecimientos histórico, sucedió el día 1 de agosto del 2026, que
mientras se incendió la tienda L&R, al igual una parte de la población
circundante aprovecho la ocasión para el saqueo de todos lo allí dentro de la
tienda. En la tragedia de 1984 se calcularon más de 500 personas fallecidas, y la
pérdida de miles de millones de pesos a consecuencias del saqueo y destrucción de
propiedades.
El punto que conectan ambos
episodios: la falta de civismo de muchos, el oportunismo en medio del desorden.
En ambos casos, se presenta un suceso que la gente aprovecho para cometer los
hechos reñidos. En el primero, las medidas económicas que detonaron las
protestas de 1984. Y en el segundo el incendio de la tienda L&R, del día 1
de agosto y que en ambos casos quedó relegado a un segundo plano el civismo puesto
que, los involucrados prefirieron el hurto indiscriminado y colectivo, antes
que socorrer, puesto que los actores no actuaron por necesidad, sino por
codicia y la sensación momentánea de impunidad.
En este caso hay que
reconocer el trabajo idóneo y oportuno de la Policía Nacional, quienes de
inmediato dieron repuestas pronta, acudiendo a socorrer el comercio
siniestrado, deteniendo a muchos aquellos que huían infraganti cargando con electrométricos
sustraídos. El vocero de la Policía indico que serán sometidos a la acción de
la justicia por el robo colectivo e individual a todos los delincuentes
apresados.
Ambos episodios dejan al
descubierto que, cuando se rompe el orden, quienes no ven la tragedia ajena,
sino que en cambio solo aprovechan la oportunidad de tomar lo que no les
pertenece, una realidad presente en la psiquis de muchos, por lo que es
propicias la ocasión, para hacer un llamado a la sociedad dominicana que debemos
cambiar para fortalecer la educación en valores cívicos y seguridad ciudadana antes
casos como estos.
Este delito masivo y conjunto
por ser multitud no borra la responsabilidad, sino que cada quien deberá responder
por su actuación personal, pero los organizadores o líderes que incitaron si lo
hubieran, deberán recibir penas mayores. Las pruebas de los hechos están
recogidas en (videos, fotos, testigos, mercancía recuperada) son fundamentales
para que el Ministerio Público pueda identificar y acusar a cada quien. A esto
se agrega la responsabilidad civil: deberán estar contempladas para indemnizar
a la empresa por todo lo sustraído o dañado.
Con este hecho del 1 de
agosto, hay un paralelo doloroso con el de abril de 1984. En ambos casos el
caos se convirtió en pretexto idóneo para el hurto, pero la ley tiene
herramientas adecuadas para actuar con firmeza e imponerle la debida sanción a
todos aquellos que participaron. Que se investigue, identifique y proceda
penalmente para caigan todos los responsables. Con esto se enviaría un mensaje
no solo contundente a la sociedad, sino también se enviarían un mensaje
educativo y reconfortante, declarando la responsabilidad civil de cada uno,
para que paguen el valor total de lo robado o dañado, más los perjuicios por la
interrupción del negocio y que este episodio quede gravado en la sociedad para
el presente y el porvenir.
Si la empresa cuenta con
seguro contra incendio, robo o desastres tendrá un aval para recuperar las
pérdidas cuantiosas. Si la aseguradora paga, luego ella misma tendrá derecho a
reclamar a los responsables del saqueo
Por lo que no es un
pretexto que haya[UdW1] mucha gente involucrada, las autoridades pueden
identificar a muchas personas a través de los videos difundidos en redes. Cada
uno responde individualmente, y también pueden demandar a quienes compraron la
mercancía sabiendo que era robada.
Si el Estado asume la
carga de las perdidas entonces la sociedad en sentido general terminamos todos
pagando. Se agrava la sensación de inseguridad y debilidad institucional. Se
refuerza una cultura de impunidad que luego se repite en otras situaciones. Desde
el punto de vista legal son verdaderos daños colectivos, que se sienten no
solamente dentro de la administración de la tienda, sino también sienten fuera esas
paredes.
Por el Lic. Máximo
Martínez de la Cruz.


0 Comentarios