Roma.- Los 12 migrantes que seguían en los centros de
retención erigidos por el Gobierno de Giorgia Meloni en Albania llegaron este
sábado al puerto de Bari, en el sur de Italia, tras el fallo emitido ayer por
la Justicia que ordenó que se les sacara de suelo albanés, en un golpe al pacto
de externalización migratoria de Roma con Tirana.
Los migrantes, de Bangladesh y Egipto, fueron sacados esta
mañana del centro de retención de Gjadër y trasladados a Italia con un barco de
la Guardia Costera italiana, y ahora serán trasladados a un centro de acogida
para solicitantes de asilo en el área de la ciudad de Bari, informó la cadena
de televisión pública RAI.
El Tribunal de Roma emitió ayer viernes una sentencia en la
que no validó el internamiento en Albania de los migrantes y ordenó que fueran
llevados a Italia, lo que abrió una disputa entre el Gobierno de Meloni y la
Justicia.
El Ejecutivo anunció que recurrirá el fallo y aseguró
seguirá con su plan de traslado de migrantes a Albania, un modelo que despertó
interés entre ciertos países europeos o la misma presidente de la Comisión
europea, Ursula Von der Leyen, mientras que la oposición italiana se opone a
este sistema y pide a Meloni su desmantelamiento.
El ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, dijo este
sábado que el Gobierno reaccionará ante la sentencia judicial con «medidas
legislativas».
Prensa local informó que la coalición planea aprobar un
decreto-ley en la reunión del Consejo de Ministros del próximo lunes. Este
sería de adopción casi inmediata y cambiaría la norma sobre cómo designar los
países de origen de migrantes considerados seguros.
Este fue el elemento central que arguyó la Justicia para
ordenar que el Gobierno llevara a los migrantes retenidos en Albania hacia
Italia. Los jueves aseguraron que sus Estados de procedencia, Egipto y
Bangladesh, no podían ser considerados seguros, ante lo que quedaba invalidada
su detención en Albania.
Mientras la oposición celebró la sentencia, el Gobierno
mostró su malestar, y la primera ministra argumentó que la Justicia se había
entrometido en un asunto -la designación de países seguros o no seguros- que es
competencia del Ejecutivo y no de los jueces.
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