Fundación Justicia y Transparencia dice, a 24 años de promulgada la Ley 87- 01 de Seguridad Social, continúa siendo excluyente, injusta y poco transparente

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) alza su voz con

firmeza y compromiso ciudadano, al conmemorarse más de dos décadas de la

promulgación de la Ley No. 87-01 que dio origen al Sistema Dominicano de

Seguridad Social (SDSS).

La entidad señala que "Lejos de ser un instrumento de protección y justicia social,

esta ley ha devenido en un sistema excluyente, injusto, deshumanizado y

profundamente opaco.

Agrega que quienes con su esfuerzo y sudor sostienen el aparato productivo

nacional, "los trabajadores", continúan siendo los grandes olvidados.

Precisa que, mientras unos pocos han acumulado fortunas multimillonarias, la

mayoría lucha diariamente por acceder a servicios de salud dignos y por la

esperanza, cada vez más lejana, de una pensión justa al final de su vida laboral.

Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la entidad, señala que,

"Desde la FJT, denunciamos que tanto las Administradoras de Riesgos de Salud

(ARS) como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se han

convertido en emblemas de la desigualdad. Han sido ellas, y no los trabajadores,

las principales beneficiarias de un modelo que concentra riqueza en manos de

pocos, mientras deja a millones con las manos vacías".

Y se pregunta, ¿Cómo se explica que los afiliados, los legítimos dueños de los

recursos, reciban apenas migajas después de décadas de aportes obligatorios?

¿Cómo puede llamarse "seguro social" a un sistema donde la vejez se convierte en

una pesadilla, y la enfermedad en una sentencia de abandono?

El jurista advierte que más de cinco millones de trabajadores cotizan actualmente

en el sistema, muchos de ellos aferrados a la ilusión —vendida como promesa por

el propio Estado— de que, al llegar a los 60 años, recibirán una pensión digna.

Pero esa promesa ha resultado ser una falacia disfrazada de esperanza.

Las cifras no mienten. Las AFP manejan, a marzo de 2025, más de RD$1.15

billones de pesos. Un monto colosal que, en lugar de destinarse a garantizar una

vejez tranquila, ha engrosado los bolsillos de grupos empresariales que han

encontrado en las pensiones una mina de oro, mientras los trabajadores envejecen

sin certezas y sin salud.

En cuanto a las ARS, el panorama es igual de indignante. Solo en 2023, generaron

ingresos superiores a los RD$53,000 millones, con ganancias netas de casi

RD$4,000 millones, mientras miles de dominicanos enfrentaban barreras para

acceder a medicamentos, estudios diagnósticos y atenciones médicas básicas.

Frente a esta realidad, resulta alentador que el ministro de Trabajo, Lic. Eddy

Olivares, haya reconocido públicamente que la Ley 87-01 “está rezagada en el

tiempo”, durante su intervención en el Tercer Foro sobre los retos de la

formalización laboral en Iberoamérica. Pero más que declaraciones, el pueblo

necesita acciones concretas.

Porque este es, quizás, el único caso en el que los verdaderos dueños del dinero no

tienen voz ni voto en el destino de sus recursos. En estos 24 años, las ARS y AFP

se han enriquecido obscenamente, mientras los trabajadores han perdido salud,

atención, cobertura y dignidad. Las pensiones que se entregan son tan indignas,

que no alcanzan ni para costear los medicamentos más básicos de una persona

mayor.

Por ello, desde la Fundación Justicia y Transparencia hacemos un llamado urgente

y enfático a los miembros de la Comisión de Seguridad Social del Congreso

Nacional: escuchen al pueblo, legislen con el corazón, reformen esta ley que ha

dejado de ser social y nunca fue segura. Además, es excluyente, injusta y poco

transparente

Finalmente, anunciamos que iniciaremos una cruzada nacional para exigir una

transformación real y profunda de la Ley No. 87-01. El pueblo dominicano merece

un sistema de seguridad social que sea justo, humano, equitativo y verdaderamente

solidario. Ha llegado la hora de acabar con la estafa legalizada y construir un

nuevo pacto social que dignifique la vida de cada trabajador dominicano.