El Tribunal condenó a los principales implicados en el caso
Coral y dictó absolución para varios acusados.
Santo Domingo. – El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió durante la
madrugada del martes la sentencia del denominado caso Coral. El dictamen,
emitido por las magistradas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez (jueza presidenta),
Tania H. Yunes Sánchez y Jissel Y. Naranjo Tejada , impone severas penas de
cárcel y multas económicas contra exfuncionarios públicos y colaboradores
acusados de desfalco contra el Estado, lavado de activos y asociación de
malhechores
El tribunal declaró culpables al exjefe del Cuerpo de
Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Benoni Cáceres Silvestre, y al general
Juan Carlos Torres Robiou, imponiéndoles 20 años de reclusión mayor y una multa
de 400 salarios mínimos del sector público, tras encontrar probada la acusación
por asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el
Estado, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial, entre otros delitos.
La misma condena de 20 años y multa de 400 salarios mínimos
fue impuesta a Rafael Núñez de Aza, hallado culpable de asociación de
malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado,
enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial.
Asimismo, el tribunal condenó a Julio Camilo de los Santos
Viola a 15 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos,
mientras que Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora) recibió una condena
de 15 años de prisión y una multa de 300 salarios mínimos por lavado de activos
e incremento patrimonial.
Entre las demás condenas figuran penas de 10 años de prisión
para Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes
Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez,
Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez, por diversos delitos
vinculados al entramado de corrupción y lavado de activos
También fueron condenados Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara
a cinco años de prisión; Alejandro José Montero Cruz a cinco años por tenencia
ilegal de armas de fuego; Pedro Roberto Castillo Nolasco a tres años de
reclusión; y Carlos Augusto Lantigua Cruz a tres años de prisión y una multa de
RD$500,000.
El tribunal impuso además penas de entre tres y cinco años
de prisión a varios acusados vinculados al lavado de activos y testaferrato,
entre ellos Lucía de los Santos Viola, Epifanio Peña Lebrón, Onoris Beatriz
Soto de los Santos, Manuel de Jesús Alba Solano, Élida María Trinidad Santiago,
Raymel Pastor del Rosario Viola y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Por otra parte, los jueces dispusieron la absolución de
Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio
Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad,
Santiago Antonio Suárez Peguero y de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna
del Señor Jesucristo, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por
el Ministerio Público para sustentar la acusación.
La sentencia también declaró culpables de lavado de activos
a varias empresas, entre ellas CSNA Universo Empresarial, S.R.L., Randa
Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L., Hacienda
Kelman, S.R.L., R&F Agroindustrial, S.R.L. y Rawel Importadores, S.R.L.,
ordenando multas, la clausura definitiva y la disolución de varias de estas
entidades.
Fallo Civil: indemnización a favor del Estado
En el aspecto civil, las juezas acogieron la demanda
interpuesta por el Estado dominicano. Como consecuencia directa, ordenaron que
Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza,
Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario
Pirón, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez,
Carlos Augusto Lantigua Cruz y Pedro Roberto Castillo Nolasco paguen, de manera
conjunta y solidaria, la suma de cinco mil millones de pesos
(RD$5,000,000,000.00) a favor del Estado como justa reparación de los daños
materiales causados por su accionar criminal.
Por otro lado, la acción civil fue rechazada contra otros
implicados (incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco) al
determinarse que no retuvieron faltas pasibles de comprometer su
responsabilidad en este aspecto específico.
Incautaciones y lecturas adicionales
El fallo también ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano
de una inmensa cantidad de bienes muebles e inmuebles vinculados a las personas
condenadas y a las empresas ficticias o utilizadas en la trama, tales como
locales comerciales, terrenos agrícolas, vehículos de lujo, cuentas bancarias y
relojes de alta gama.
La lectura íntegra de la sentencia ha sido fijada por el
tribunal para el próximo 14 de agosto de 2026 a las 3:00 p.m., fecha que valdrá
como citación oficial para todas las partes involucradas.


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