La justicia pendiente: entre la reforma y la quimera

Por Dr. Víctor Garrido Peralta

Imaginemos por un instante que el Estado dominicano es un árbol majestuoso. Si sus raíces se hunden en tierra contaminada por la injerencia política, ese árbol no florece: se marchita lentamente. Así ocurre con nuestras instituciones de justicia, privadas de la savia de la autonomía, la integridad y la fortaleza. No basta con proclamar independencia; hay que nutrirla con recursos estables y reglas claras. En República Dominicana, la Procuraduría General figura como un órgano autónomo, pero sigue atrapada en busca de su verdadera libertad.

La fortaleza de una república no se mide en el crecimiento del PIB ni en obras de infraestructura, sino en la solidez de sus instituciones. Entre todas ellas, la justicia es la más sagrada. La Constitución de 2010 consagró la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público. Desde 2004, la Ley 194-04 obliga a destinar cerca del 4.10 % de los ingresos internos al órgano y al Poder Judicial. Sin embargo, entre 2005 y 2024, el Ejecutivo incumplió esa disposición en más de RD$145,700 millones —equivalente al 39 % de lo que correspondía. Es decir, la independencia presupuestaria aún es un espejismo.

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