El uniforme no da derecho a matar

Por Ana Inoa

Periodista y estratega de comunicación

Un uniforme no convierte a nadie en dueño de la vida ajena, y un arma de reglamento tampoco concede licencia para humillar, golpear o matar. Ser policía significa proteger, prevenir y servir dentro de la ley, no actuar como juez y verdugo. Sin embargo, muchos agentes parecen creer que llevar una placa los coloca por encima del ciudadano, como si la autoridad fuera sinónimo de poder absoluto.

Hoy, otra familia dominicana llora. Darlin Mercado Reyes, un joven de apenas 19 años, perdió la vida durante una intervención policial en Guajimía, Santo Domingo Oeste. Una vida que apenas comenzaba fue apagada durante un procedimiento que debió resolverse con prudencia, formación y control. Sus padres no lo criaron entre sacrificios para que un agente decidiera, en segundos, poner fin a todos sus sueños.

La pregunta vuelve a estremecer a la sociedad: ¿por qué tantos procedimientos policiales terminan en golpes, abusos, detenciones arbitrarias o muertes? Durante una sola semana se han denunciado agresiones dentro de destacamentos, maltratos a ciudadanos bajo custodia, atropellos durante encuentros comunitarios y actuaciones desproporcionadas contra personas que simplemente transitaban por las calles.

La Policía habla constantemente de protocolos, derechos humanos, manejo de crisis e inteligencia emocional. Entonces, ¿qué está fallando? ¿El reclutamiento, la capacitación, las evaluaciones psicológicas, la supervisión o el régimen disciplinario? No basta con enseñar a un agente a utilizar un arma; es indispensable enseñarle cuándo no utilizarla. Una persona incapaz de controlar su ira no puede ser responsable de controlar una calle.

Millones y millones de pesos han sido destinados a una reforma policial que todavía no produce la tranquilidad prometida. Se anuncian capacitaciones, nuevos equipos, mejores salarios y procesos de transformación, pero la ciudadanía continúa sintiendo miedo cuando se aproxima una patrulla. Una reforma no se mide por talleres, diplomas, uniformes o vehículos; se mide cuando una intervención termina sin abusos y cuando el ciudadano regresa vivo a su hogar.

El problema también es la permisividad. Cuando un agente golpea y sus compañeros observan en silencio, todos participan del abuso. Cuando un superior conoce la conducta violenta de un subordinado y lo mantiene armado en las calles, también asume responsabilidad. Y cuando a cada tragedia se responde con un comunicado, una suspensión y una investigación que luego desaparece de la agenda pública, se fortalece la impunidad.

No todos los policías son abusadores. Muchos cumplen su deber con dignidad y arriesgan sus vidas para proteger a la sociedad. Precisamente por respeto a esos agentes responsables, la institución debe expulsar y someter a quienes deshonran el uniforme. Defender a la Policía no significa encubrir sus excesos; significa profesionalizarla, depurarla y establecer consecuencias reales.

Hoy una familia llora, un pueblo se cansa y la sociedad exige respuestas. El Gobierno, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Congreso deben comprender que la confianza ciudadana también puede morir. Dejemos este capítulo abierto para observar cuál será la próxima explicación y si la reforma finalmente saldrá del baúl de los recuerdos. Porque, si las autoridades continúan ignorando el dolor de la gente, el verdadero “game over” será el de la confianza del pueblo dominicano en quienes están llamados a protegerlo.